Hablando Claro con Vilma Ibarra
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Con el inicio de abril se conjuntan las fuerzas políticas en pos de obtener la próxima presidencia de la Asamblea Legislativa. Y como suele suceder en política, este año tampoco nada está escrito en piedra y muchos intereses se mueven en torno al control para el manejo de la agenda, la designación de comisiones y la conducción del debate legislativo. Así que tras el receso de Semana Santa, viene una etapa de amarre de votos y negociaciones que comenzarán a perfilar el tono de la legislatura, en un año crucial para la administración Chaves Robles. Pero este arranque se verá matizado por una serie de conflictos sociales fuertes, tales como la de los especialistas médicos que no logran un acuerdo con las autoridades de la Caja Costarricense de Seguro Social, otro de sectores del Magisterio Nacional con el gobierno por pagos pendientes y los reclamos por los desabastecimientos de agua potable. Para medir cómo calientan estos motores conversaremos con el politólogo Daniel Calvo.
Recibir cuidados, cuidar a otros y autocuidarse; eso es lo que comprende el denominado “Derecho al Cuidado”, que es ya hora que se reconozca como un derecho humano fundamental. Si bien los cuidados ya están incorporados en varios pactos y tratados internacionales, así como en algunas legislaciones nacionales, hay que armonizar una serie de elementos, para su consolidación y reconocimiento global. Lo primero es aprender del tema, estudiarlo y entender que el derecho al cuidado requiere reconocer el valor del trabajo, las garantías que deben tener las personas que los llevan a cabo y superar que es una responsabilidad, mayoritariamente, de las mujeres. Por lo demás , hay que ponderar las dimensiones económicas, culturales e institucionales del derecho al cuidado para avanzar hacia la universalización tanto del acceso a los servicios, como de su calidad mediante políticas públicas y corresponsabilidad social. En esa línea, recientemente se llevó a cabo una audiencia en la sede josefina de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que ayudará a dirimir una opinión consultiva que se le ha solicitado a ese órgano hemisférico precisamente para dar el siguiente paso en la incorporación del derecho al cuidado dentro de los Derechos Humanos. Para ampliar acerca de esto conversaremos con la especialista argentina, Laura Pautassi, del Equipo Latinoamericano de Justicia y Género.
La Semana Santa es un tiempo que conjunta espiritualidad, reflexión, religiosidad, cultura y tradiciones, en una mezcla de manifestaciones que perduran en Costa Rica desde el siglo XVI. En los centros de concentración católica huele a incienso. En los hogares a chiverre. Los más apegados a sus tradiciones visten de morado, que es el color de la penitencia y se vive desde el más respeto de quienes lo celebran con absoluta devoción o de quienes aprovechan el caluroso verano para vacacionar. Las comunidades sacan lo mejor de su imaginería para procesionar y recordar la vida, pasión y muerte de Jesucristo, al punto que el Viernes Santo, desde abril del año 1895, se escucha la solemne marcha del Duelo de la Patria. Para repasar estas y otras particularidades de la Semana Mayor conversaremos con el historiador José María “Milo” Junco.
Mientras continúa el implacable y dramático éxodo de venezolanos por toda América y tras un cuarto de siglo de hegemonía chavista, el 2024 podría ser para Venezuela, uno de decisiones cruciales en lo político-electoral, lo económico y, como no, en lo geopolítico. Y es que el régimen cruzó líneas rojas pre acordadas con la comunidad internacional, al no haberse sustraído a la tentación de inhabilitar burdamente la candidatura de la líder opositora María Corina Machado, quien en una jugada de alto perfil, cedió el viernes su nominación a la historiadora Corina Yoris para las elecciones inicialmente previstas el último domingo de julio. El chavismo madurismo tiene pánico de ir a unas elecciones verdaderamente libres y, lejos de detenerse, hará todo lo posible por burlarlas y “ganar” a las malas. Por otro lado, el colapso de la industria energética es gravísimo. La incorrecta administración de la estatal PVDSA ha destruido gran parte de su capacidad extractiva. Venezuela terminó el 2023 con la inflación más alta del mundo (260%) y con amplios sectores de la población cada vez más empobrecidos. La reeditada disputa (de enemigo externo) con Guyana sobre el territorio de 160 mil km² del Esequibo, rico en recursos naturales, escaló luego de haber instalado un asentamiento militar y haberle dado en el referéndum de diciembre pasado, tres meses a operadoras petroleras para salir de la zona. Para hacer repaso de uno de los procesos electorales más difíciles del ciclo latinoamericano conversamos con el ex embajador en ese país, Vladimir de la Cruz de Lemos.
Costa Rica es un país privilegiado en su recurso hídrico. Contamos con 70 mil metros cúbicos de agua subterránea, declaramos el acceso y el saneamiento como un Derecho Humano y tenemos décadas de legislación e inversión para procurar agua potable para todos. Pero es un hecho que enfrentamos enormes desafíos en la gestión del líquido. Datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) revelan esta situación: en el 2018, el 92,4 % de la población tenía acceso a agua potable, pero en el 2022 ese porcentaje disminuyó a un 89,5 %. El desabastecimiento, la poca protección de las fuentes y la paralización de inversión pública es evidente y urge un cambio de timón frente a esta grave situación que en los últimos tres años puso a Acueductos y Alcantarillados en una sequía institucional. Se estima que las generaciones futuras se enfrentarán a un déficit en la relación suministro demanda. Por eso es relevante reducir las fugas, controlar las fuentes de contaminación, atender infraestructuras e incidir en la planificación, entre otras tareas. Sin agua no hay vida, bienestar, progreso, crecimiento, desarrollo sostenible, paz y democracia. En el Día Mundial del Agua, dedicado este año precisamente al eje Agua para la Paz conversamos con las expertas Yamileth Astorga y Maureen Ballestero.
Hoy son los habitantes de Hatillo y San Juan de Dios de Desamparados. Días atrás los de Goicoechea, Tibás y Moravia cerrando calles y reclamando su derecho humano al agua. Hay desabastecimiento del líquido en muchas otras localidades a lo largo del país. Trece cámaras que representan sectores productivos alzan la voz, dado que el tipo de cambio excesivamente a la baja les deteriora la competitividad, la generación de empleo y la productividad. El sector agroalimentario uniendo esfuerzos para forzar la atención de las autoridades. Sindicatos del sector educación dando un ultimátum para que se cumpla el compromiso de pago por aumento del costo de vida y otros pluses pendientes. La población de Cartago llamando a una manifestación este viernes, para presionar por la adjudicación de la construcción del nuevo hospital para la provincia. La protesta social se ha ido incrementando y para entender este momento y sus posibles consecuencias, conversamos con el sociólogo José Carlos Chinchilla.
Este primer trimestre del año hemos pasado de frentes fríos a temperaturas históricas de 40 grados centígrados. Y ya nos ponen en alerta que aún no hemos terminado de vivir los impactos de los efectos del fenómeno de El Niño, cuando los embates de La Niña nos pronostican una fuerte temporada de lluvias. La información y los datos que emanan acerca de la variabilidad y el cambio climático deben servir para consolidar políticas públicas que ayuden a generar más conocimiento climático, al servicio del gobierno y sus instituciones, las municipalidades, los sectores productivos y por supuesto, la ciudadanía. Hablamos de determinantes decisiones en salud, en la producción agroalimentaria, en la prevención y en las acciones integrales de resiliencia y adaptación climática. Para pasar de los datos a la acción, el Instituto Meteorológico Nacional lanza un ambicioso proyecto denominado Proyectiva. Ampliamos acerca de estos cambios y acciones con los meteorólogos Karina Hernández y Juan Diego Naranjo.
Costa Rica es una economía abierta que tiene en el turismo, la atracción de inversión extranjera directa y el sector privado exportador, sus motores más potentes. Todos en relación directa con el precio del dólar. Desde hace décadas somos líderes regionales en exportaciones. Con datos de la Promotora del Comercio Exterior de Costa Rica (PROCOMER), el año 2023 cerró con un crecimiento de 15,5 % en las exportaciones, logrando $2.452 millones más que en el año 2022, alcanzando la cifra de $18.244 millones. Solo este sector colocó en el exterior más de 2.500 productos costarricenses en 150 destinos y sostiene el empleo de 690 mil personas. Al tercer trimestre del año 2023, con registros del Banco Central, se determinó ya monto acumulado de inversión extranjera directa (IED) por $2.691 millones, lo que corresponde al 90 % de la meta estimada para ese año. La caída del precio de dólar sin duda tiene fuertes repercusiones en nuestra competitividad y el deterioro de estas áreas del desarrollo, lo que impacta en el tejido total de la economía, que se suma a la más baja inversión social en años, en educación, salud, vivienda, obra pública vial y otras en la prestación de servicios. ¿Hacia adonde nos lleva este peligroso cóctel, que gestiona la administración Chaves Robles? Para discutir estas derivas conversamos con el Dr. Roberto Artavia.
La espiral de violencia y asesinatos que conlleva la actividad del crimen organizado siguió creciendo en el país durante este primer trimestre del año. Los datos de la primera quincena de marzo reportan dos homicidios violentos por día de lunes a jueves, que se incrementan a tres o cuatro, los fines de semana. Cargamentos con drogas siguen saliendo de los puertos costarricenses, en tanto las incautaciones continuaron bajando de 23 mil kilos en 2022 a 15.860 en el año 2023. Las bandas criminales josefinas (en localidades como María Reina y Sagrada Familia), así como otras en Limón y Puntarenas, ostentan armas de grueso calibre y ejecutan refriegas a cualquier hora del día. El ministro de Seguridad, Mario Zamora, anuncia que durante este año se incorporarán mil efectivos policiales, cuando especialistas indican que debemos pasar de 13,000 a 21,000. El panorama no pinta nada bien. Hacemos repaso de la problemática con el experto en materia de seguridad e inteligencia, Álvaro Ramos Rechnitz.
Esta semana no solo termina anunciando los fuertes calores que se avecinan. Los acontecimientos políticos también aumentaron significativamente las temperaturas. Las profundas ramificaciones que va tomando el tema del decreto de emergencia forzado que justificó los ₡21.800 millones para reparar la pista del aeropuerto de Guanacaste. Los dimes y diretes del presidente Rodrigo Chaves, y del exministro Luis Amador, quien se autoexilia para protegerse -dijo- “de los tentáculos del mal”, las evasivas explicaciones de Alejandro Picado, presidente de la Comisión de Emergencias y las reveladoras declaraciones del representante de Meco, empresa siempre en el ojo de huracanes. El sector agroalimentario sumando esfuerzos para enfrentar la crisis estructural que viven y amenaza la vida de familias productoras y de la economía. La amenaza de un apagón en frecuencias de radio y televisión que hizo el mandatario y afectaría a medios de comunicación. La rápida salida de la ministra, Paola Bogantes para anunciar que en Semana Santa harán un anuncio sobre el tema. Todos son temas que tendrán amplificación en la Asamblea Legislativa, en donde el clima se calienta ante las negociaciones para la conformación del nuevo directorio, hoy marcadas por las denuncias de intromisión del gobernante para que Repretel separara a la diputada Vanesa Castro, como asesora legal externa de Repretel, tras 18 años de acompañamiento a ese conglomerado mediático. Precisamente con la diputada Castro conversamos para calibrar estos temas.
En tan solo 17 meses de gestión (de julio 2022 a diciembre 2023) la administración Chaves Robles emitió 6 decretos de emergencias. Desde los ciberataques, pasando por los impactos del huracán Julia, la tormenta Bonnie, ondas tropicales, la contaminación de agua con mercurio y hasta los flujos migratorios. De acuerdo con la información de los Planes Generales de Emergencias correspondientes con esos decretos, el costo total de las inversiones asciende a ₡210 mil millones, a los que se suman ₡21.800 millones para la reparación de la pista del Aeropuerto Daniel Oduber en Guanacaste, obra que se incluyó un año después de emitido el decreto sobre Bonnie y cuya adjudicación provocó este martes la caída de Luis Amador, el polémico y hasta entonces poderoso jerarca del Mopt. Pero a esta situación particular, hay que añadirle dos hechos financieros no menores. El mes pasado, la Asamblea Legislativa aprobó un empréstito abierto por $700 millones con el BCIE, para atender unas 500 obras dañadas por efectos de emergencias y la semana pasada el Banco Mundial anunció la aprobación de otro crédito por $350 millones para “infraestructuras, servicios resilientes al clima y desastres en Costa Rica”. Son muchísimos recursos para gestionar bajo la amplitud de la ley de emergencias, que proporciona trámites y controles más expeditos y una verificación solo a posteriori de la Contraloría General de la República. Ya hemos vivido oscuros episodios de abusos e irregularidades en esta materia, por lo que se hace necesario poner en evidencia los peligros que entraña el abuso de esta figura para contratar por vía de emergencia, lo que muchas veces correspondería rigurosamente hablando con construcción ordinaria. Para conocer más detalles de cómo regular esta situación, conversamos con la ex presidenta de la Comisión Nacional de Emergencias (CNE), Vanesa Rosales.
Los impactos del vendaval desatado por el presidente Rodrigo Chaves al despedir a Luis Amador, su ministro icónico, no se ajustan a otras muchas tramas de thriller político de “muerte anunciada”. No. Esta vez la sorpresa fue total. Tampoco hubo filtraciones horas antes, aunque sí una señal muy “extraña” el viernes con la apertura anticipada por parte del mandatario de los puentes temporales del Bajo Los Ledezma que Amador había anunciado para el lunes. En la corta de cabezas cayó también el Director de Aviación Civil, Fernando Naranjo. Ambos destituidos, por cierto, de viaje oficial en Canadá mientras el anuncio se daba. Todo apunta a que hay mucha tela que cortar tras la adjudicación del arreglo de la pista del aeropuerto internacional Daniel Oduber, justificado en un decreto de emergencia, cuando el presidente Chaves denuncia ante el país (sin denunciar al Ministerio Público, al menos hasta ahora) que los términos de referencia habrían sido diseñados para favorecer a la constructora Meco, por sobre el Consorcio Pedregal. Lo que calificó como un error que costó la bicoca de $2 millones. Como sea, Amador, el ahora exministro que se mencionaba desde hace meses como el posible candidato y heredero del chavismo, cayó en desgracia. Este mismo martes fue sustituido por el director del Consejo Nacional de Vialidad, Mauricio Batalla, quien deberá hacer frente a la construcción de obra pública, cuando los datos muestran una reducción de los presupuestos, varias obras estratégicas detenidas y mucha urgencia por la reactivación del sector. Para hacer un primer acercamiento del sismo en el Mopt, conversamos con el politólogo Gustavo Araya y con el presidente de la junta directiva del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos, Olman Vargas.
Como una verdadera calamidad económica. Así califican los agricultores costarricenses su situación actual. No sorprende. Parece esa ser la constante de la agricultura en muchas áreas del planeta. Pero esta es nuestra realidad y también nuestro desafío. Para buscar soluciones urgentes un grupo de ex jerarcas del Ministerio de Agricultura y Ganadería, se manifestaron con el afán de entrarle a asuntos álgidos como la importación de productos como el arroz, cuyo precio no ha bajado significativamente a favor de los consumidores, pero sí ha colocado a los productores del grano en una delicada situación. Otro tanto sucede con la no disminución del precio de los insumos; un contrasentido si tomamos en cuenta la caída sostenida en el precio del dólar. Un tema sensible es el acompañamiento ante los graves impactos a la producción por eventos extremos meteorológicos. El sector se apalanca en este grupo de exfuncionarios para llamar la atención del presidente Rodrigo Chaves y del ministro del ramo, Víctor Carvajal, con miras a resolver problemas, mejorar los precios a los consumidores y atender las condiciones adversas que atraviesan. Para ampliar acerca del tema conversaremos con los exministros Juan Rafael Lizano y Luis Felipe Arauz.
A propósito de la urgencia de remozar la legislación electoral, ya manifiesta desde hace años, pero confirmada por las irregularidades del informe de financiamiento de la última campaña, los diputados aprovecharon para avanzar con velocidad inusitada la modificación que pretende retroceder, muy convenientemente, las elecciones municipales con las nacionales. Pero alto… Hace un año, en marzo del 2023 el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) presentó cuatro proyectos de reforma electoral en relación con la disminución de la contribución estatal a las justas y, de paso, incluir el financiamiento a las municipales y ampliar el anticipo que se da a los partidos políticos; además de un adicional para mejorar la representación partidaria y una reforma más para regular las nuevas formas de propaganda política. Para repasar por donde transitan estas reformas conversaremos con el Director de Estrategia y Comunicación Política del TSE, Gustavo Román Jacobo.
¿Qué tiene que ver el maltrato a la inversión social con el Día Internacional de la Mujer? Pues en todo. Resulta que el desarrollo y la consolidación del Estado Social de Derecho se expande mucho más cuando son las mujeres las que, con su visión y su acción, deciden en torno a la inversión social, para beneficiar los proyectos de vida de niñas, niños y adolescentes. Así lo demuestran los resultados de un estudio realizado recientemente en siete países de América Latina, incluido Costa Rica. Y precisamente en nuestro caso, el asunto es de suyo significativo, dada la arremetida de la política fiscalista. Cuando esto sucede, las cargas para sostener el bienestar de las familias recaen con mucho mayor peso en las mujeres, muchas de las cuales enfrentan condiciones adversas para sostener la ausencia o el debilitamiento de la institucionalidad, como está ocurriendo hoy. En este 8 de marzo, la experta en desarrollo social latinoamericano, Juliana Martínez, nos convoca a buscar respuestas a preguntas tales como: ¿es qué acaso las mujeres somos genéticamente buenas? ¿Cómo es que la inversión social se relaciona con el bienestar y la igualdad de las mujeres? Para poner foco en ello conversamos con la Dra. Martínez Franzoni.
La complejidad de la ola de violencia y criminalidad que enfrenta Costa Rica debe abordarse de manera integral, no desde la retórica que evade responsabilidades, sino desde una política sólida y anclada en decisiones acertadas. No se puede atender esta grave situación, que nos involucra a todos, con los mismos policías, investigadores y una estructura judicial que antes atendía una situación muy diferente a la actual. Tampoco se puede enfrentar sin una política pública, sólida y con recursos económicos, que de manera contundente brinde y consolide oportunidades en educación, empleo, formación a jóvenes y mujeres; así como programas permanentes de prevención de la violencia y atención a las víctimas. En síntesis, lo que ha planteado la expresidenta Laura Chinchilla, desde su trayectoria y expertiz en la materia. Con ella ampliaremos en nuestro Hablando Claro.
Costa Rica tiene de frente un desafío demográfico que nos advierte que la población del país no llegará a 6 millones de habitantes. Esto nos debe hacer replantear, desde ya, una serie de importantes decisiones de políticas públicas. Esta situación se debe a dos posibles escenarios del futuro cercano: el primero es que de continuar la ultra baja fecundidad de 1,3 nacimientos por mujer (ya alcanzada entre los años 2021 y 2023), la población comenzará a decrecer en una década; el otro es que las mujeres están retrasando la maternidad a una edad promedio de 31 años, lo que implicará un inevitable decrecimiento, en 25 años. Estos cálculos fueron presentados por el experto demógrafo Luis Rosero Bixby en el Simposio Tendencias de la Fecundidad en Costa Rica. La baja fecundidad es un indicador de desarrollo, ya que determina que las mujeres puedan estudiar, trabajar y tener autonomía, pero implica tomar decisiones con relación a cómo mejorar la calidad de la inversión y de los servicios públicos, al disminuir la cantidad de personas. Uno de los mayores será el las pensiones, ya que con base en estos datos se considera que el sistema Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) de la Caja Costarricense de Seguro Social entrará en estado crítico en el 2035, cuando tres personas en edad productiva tendrán que soportar un pensionado, mientras que en el 2075 habrá un trabajador activo por cada persona en edad de pensionarse. Para seguir colocando este tema en la agenda de temas de interés conversamos con la Superintendente de Pensiones, Rocío Aguilar Montoya.
Es cierto. Costa Rica tiene una larga trayectoria en normativa para la consolidación de los derechos de las mujeres, pero una de las deudas urgentes de saldar, es sin duda, la de la violencia estructural. Desde 1984, con la aprobación nacional de la “Convención para la eliminación de todas las formas de discriminación” podemos sumar una cantidad importante de legislación, pero ello es aún insuficiente. Este enorme esfuerzo de colectivos, políticas e instituciones son un avance que choca contra la realidad cuando los datos procesados del 2022 del Ministerio de Seguridad Pública, el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) y el Observatorio de la violencia contra las mujeres, registraron 20 femicidios, 7.537 personas imputadas por violencia contra mujeres y 544 violaciones sexuales; de las cuales, tres de cada diez fueron contra menores de 20 años. Las causas múltiples de los delitos contra esta población se mantienen y van incorporando nuevas perspectivas acerca de las cuales debemos conocer y analizar, como es el caso de las mujeres migrantes que atraviesan nuestro país o las nacionales que deben migrar de un lugar a otro del territorio para buscar mejores condiciones de vida. La perspectiva de género, para garantizar derechos fundamentales, es un ejercicio siempre necesario, para lo cual conversaremos con las investigadoras de la Universidad Nacional, Sileny Mena Gómez y María Amalia Penabad.
Son la mitad de la población nacional, pero no llegan a ocupar ni 900 mil espacios laborales formales. Las mujeres siguen teniendo las más altas tasas de desocupación y de desempleo y 400 mil de ellas viven en la informalidad para poder subsistir. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), en su informe 2023, enfatizó nuevamente nuestras falencias en políticas públicas para procurar mejores condiciones para ellas. Como sabemos, son las responsables de las tareas del cuido familiar sin remuneración, y nuestro Estado no ha sido capaz de proporcionarles mejoras en la provisión de redes de asistencia para potenciar sus capacidades. Por esta y otras circunstancias les es más complicado completar su educación. Falta además, por supuesto, reforzar un programa que impulse de manera sistémica su incorporación a carreras en Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas, que son las que tienen una alta demanda y mejores remuneraciones en el mercado laboral. Otros desafíos por resolver hunden raíces en la inequidad que enfrentan, pues más del 90% de las mujeres en hogares pobres están fuera de la fuerza laboral, y aun así, muchas de ellas llevan el pesado fardo de la responsabilidad total de la manutención de sus familias. Para arrancar la semana que nos convoca a reflexionar y analizar la situación de las niñas, jóvenes y mujeres, conversamos con la experta en materia social y ex vicepresidenta de la República, Ana Helena Chacón.
Dicho sin ambages: hay un proceso de debilitamiento severo (desmantelamiento) de la inversión social por parte de la administración Chaves Robles. Así lo estableció un numeroso grupo de legisladores que denunció al Ministro de Hacienda, Nogui Acosta, ante la Contraloría General de la República por incumplir con las transferencias que debe hacer al Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares (FODESAF). Por toda respuesta, Acosta se mantiene en su mantra: “no hay plata”, como tampoco la hay para cumplir con la asignación constitucional del 8% del PIB a la educación pública o con el pago de la onerosa deuda del Gobierno con la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS). La lista de adeudos se amplía, entre otros, con la reducida inversión en vivienda y la paralización de proyectos importantes en agua y saneamiento. Para poner foco en el tema y conocer qué acciones políticas deben acompañar a la ciudadanía ante estos hechos, conversamos con las diputadas Kattia Cambronero del Liberal Progresista y Rocío Alfaro del Frente Amplio.
Las imágenes siempre dicen más que las palabras. La saturación de pacientes en condiciones indignas de hacinamiento y sin atención oportuna desbordan, desde hace meses ya, las salas de emergencias de cantidad de hospitales del país. Para muestra, el San Vicente de Paul en Heredia con un 191 % de ocupación, el San Francisco de Asís en Grecia con 160 %, el San Rafael de Alajuela con 143 %, según determinó un estudio de la Gerencia Médica de la CCSS. Pero circunstancias similares se experimentan en San Carlos y otros centros médicos. Tal situación no se produjo de un día para otro, pero está claro que ahora se ha tornado insostenible y obligó a la Junta Directiva a declarar el martes “emergencia institucional”. Así, durante los próximos seis meses se agilizará la dotación de personal, equipos, espacios y todas las estrategias necesarias para aliviar la situación y los impactos directos en la salud de las personas. Pero como era de esperar, la polémica se coló en la emergencia: la presidenta ejecutiva, Marta Esquivel, sin proporcionar fuentes ni documentos, aseguró que 7 de cada 10 personas que saturan los servicios de emergencias ¡no deberían estar allí! La CCSS sigue padeciendo una crisis sobre otra y ello obliga a mantener el dedo puesto en el renglón. Conversamos con Lenín Hernández, secretario del Sindicato Nacional de Enfermería y Afines y con Deivis Ovares, presidente del Frente Nacional por la Seguridad Social.
Las personas de 65 años y más son hoy el 10% de la población total del país, 526.135 en total. ¿Qué condiciones esenciales de seguridad social les estamos ofreciendo? La profunda radiografía que nos ofrece el Tercer Informe de Personas Adultas Mayores, elaborado por la Cátedra de Envejecimiento y Sociedad de la Facultad de Medicina y el Centro de Investigación Observatorio del Desarrollo, (ambos de la UCR) nos aporta resultados que no nos hacen ver muy bien. En 8 años los datos de abandono o víctimas de prácticas negligentes en los hospitales aumentó, igual se disparó la duración del tiempo de estancia en una cama hospitalaria, con las implicaciones que esto tiene en la salud emocional. Otras revelaciones tampoco pueden pasar inadvertidas: el aumento en las causas de muertes, el crecimiento de los diagnósticos de enfermedades del sistema circulatorio y el envejecimiento acelerado, son circunstancias que requieren de una atención integral, para mejorar la calidad de vida de estas personas. Si a esto le añadimos pobreza, abandono (declarado delito desde el año 2020) y malnutrición, el panorama reclama urgente abordaje integral. Para esto conversaremos con el Dr. Fernando Morales, decano de la Facultad de Medicina de la UCR, y con Agustín Gómez, del Observatorio del Desarrollo.
El próximo año, el país registrará la menor inversión social en bonos de vivienda del último cuarto de siglo. Solo 10.286 familias podrán acceder al bono. Esto implica también una disminución para todos los demás grupos beneficiarios: jefas de hogar, personas adultas mayores y personas con alguna discapacidad. Tal es el fardo de los recortes en la inversión social, misma que se registra en el año en curso, en el que ni siquiera el sistema recibió una inyección adicional de 10 mil millones de colones, pese a que fue aprobada por el Congreso y avalada por el mismo Poder Ejecutivo. Un contrasentido del Ministerio de Hacienda que si bien no habría resuelto el déficit de entrega de bonos, al menos habría movido un poquito la aguja de la construcción de viviendas de interés social en el país. La información se desprende del estudio de la “Situación actual del Sistema Nacional Financiero de la Vivienda (SFNV) y perspectivas para la construcción en el 2024”, de la Asociación Centroamericana para la Vivienda (Acenvi). Para conocer más detalles conversamos con Guillermo Alvarado, presidente de la Directiva del Banco Hipotecario de la Vivienda (BANHVI) y con Olman Vargas, director del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos (CFIA).
A dos años de la invasión rusa a Ucrania, el balance es desalentador y el escepticismo acerca de la solución final, prevalece. Moscú, asediada por los embargos comerciales y económicos de Estados Unidos y la Unión Europea, permanece firme en su determinación de mostrarse como una potencia en expansión territorial, con capacidad militar y poco o ningún escrúpulo respecto de los derechos humanos, lo que incluye, naturalmente, la represión a los propios opositores que, como Alexei Navalny, les representan un peligro a sus afanes de permanencia en el poder. Ucrania, por su parte, sigue resistiendo, buscando ayuda internacional para adquirir armas, equipo militar y fortalecer sus defensas. Sin estas ayudas se enfrenta a la amenaza de no poder mantener su esfuerzo bélico, ni sostener su economía maltrecha. En el marco de fondo, cientos de miles de personas muertas, 6 millones de personas desplazadas, infraestructura destruida y las implicaciones globales del conflicto. Para analizar cómo será el tercer año de esta guerra conversamos mañana con el analista internacional, Carlos Murillo.
Concluye esta semana de labor legislativa con tres temas, que aunque no son artefactos nucleares, sí generan ondas expansivas en el debate público. En la comisión que atiende los asuntos de Cartago explotaron los nuevos argumentos del gobierno en contra de la necesidad de superar, ya una discusión que se torna estéril, sobre la urgencia de construir el nuevo hospital de la provincia. Por otra parte, con la velocidad de un rayo, la comisión que analiza reformas electorales dictaminó afirmativamente una propuesta del Partido Unidad que uniría las elecciones nacionales y municipales. Falta mucho camino de trámite aún, pero hay que poner mucha atención en la antojadiza iniciativa. Por su parte, el diputado Fabricio Alvarado, amenazó la semana pasada con que Nueva República no votaría ningún proyecto de ley, si la mayoría llegara a avalar la prohibición de las llamadas terapias de reconversión sexual, que desde el año 2018 presentó el Frente Amplio. Para poner en perspectiva estos debates, conversamos con el frenteamplista Antonio Ortega.
La crisis del sistema de partidos políticos en Costa Rica se viene fraguando desde hace ya un cuarto de siglo. Ese proceso ha impactado fuertemente, y cada vez más, en la credibilidad de la ciudadanía hacia sus instituciones y en el consecuente desencanto hacia la democracia y -previsiblemente como en otras democracias- en apuestas arriesgadas a narrativas populistas que le permiten a personajes con discursos altisonantes y salvadores llegar al poder. Se trata de un fenómeno que se debe analizar desde una muy compleja multi causalidad. No se había enfriado el proceso de escogencia de las nuevas autoridades municipales, mucho menos analizados los resultados mediante estudios más profundos, cuando el secretario general del Partido Unidad Social Cristiana, Juan Carlos Hidalgo, propuso una coalición. Pocos días después, en una entrevista con el diario La Nación, el ex candidato presidencial del Partido Liberación Nacional, Antonio Álvarez Desanti hizo un llamado similar. De inmediato las repercusiones afloraron entre recriminaciones, quejas, señalamientos y descalificaciones. ¿Fueron muy tempranos e inoportunos estos llamados? ¿Es primero un anuncio al calor de victorias no contundentes y derrotas que se intentan disimular o una agenda programática sobre la cual cimentar un proyecto político de amplio espectro? Para repasar esta coyuntura conversamos con el politólogo, Gustavo Araya Martínez.
Ahora resulta que -si los nuevos planes en ciernes salen bien- la postergadísima ampliación de la carretera San José San Ramón, estaría lista en el 2030. No es una broma de mal gusto. Es la realidad. Hacer una carretera en el país es un suplicio y aunque hay varios ejemplos a la vista, los ciudadanos de occidente, tanto como los sancarleños, pueden dar fe de ello. En Costa Rica las obras tardan cuatro o hasta cinco décadas. Lo de San Ramón es un tormento porque tras la ruptura del contrato de concesión de la obra, allá en la Administración Chinchilla Miranda (casi todos nos acordamos de aquello) costó tamaño tiempo armar el fideicomiso con el BCR aprobar la ley correspondiente y echar a andar la nueva criatura en los gobiernos Solís Rivera y Alvarado Quesada. Se hicieron varias de las llamadas obis (obras impostergables) y ahí estábamos cuando la nueva administración Chaves Robles decidió pegarle una pedrada al panal y ¡vuelta para atrás! Ahora se anuncia que tras romper relaciones con el Fideicomiso del BCR, el CONAVI va a otro fideicomiso para el proyecto ¡otro! La diputada liberacionista, Montserrat Ruiz, estima que es suficiente ya de ocurrencias y sabotajes y que es hora de exigir transparencia en las resoluciones que se persiguen e insiste en que la obra posible es justamente la que estaba llevando a cabo el Fideicomiso BCR que lamentablemente terminará en diciembre próximo para empezar un nuevo (y también de seguro) tortuoso camino. Conversamos con la legisladora de occidente Montserrat Ruiz.
Después de semanas de silencio, el Banco Central de Costa Rica, salió al paso de las especulaciones en torno a los orígenes de transacciones en dólares no especificados en el sistema bancario. Si bien no existe evidencia, afirmó su Gerente General, de que haya flujos ilícitos de capitales, como se ha señalado insistentemente por parte de varios economistas, lo cierto es que el Central admite que en el muy comentado rubro de “Otros” hay categorizaciones inadecuadas e imprecisas respecto de los movimientos de compras y ventas en dólares. Precisamente en “Otros” se acumula el 48 % del origen y el 45 % del destino de las operaciones en esa moneda. Para esclarecer el tópico habrá que esperar hasta abril, cuando dé frutos el requerimiento de identificación precisa solicitado a los bancos. Mientras tanto, la Superintendencia de Entidades Financieras sigue controlando todos los flujos. Para ahondar en lo que sucede y analizar lo expuesto por el ente responsable de la política cambiaria y monetaria del país conversamos con el economista, José Luis Arce.
Como el cangrejo: un paso adelante y dos para atrás. Iniciando este gobierno se detuvieron varios avances en proyectos neurálgicos de infraestructura. Primero paralizaron la modernización ferroviaria. A falta de proyecto alternativo, como medida paliativa para enfrentar la mega congestión vehicular, este lunes Ferrocarriles duplicará el traslado de pasajeros de 3.600 a 7.200 de Alajuela a San José; y una semana después a 10.800. No se han vuelto a hacer inversiones en compra de trenes, con lo cual no ha aumentado la cantidad de las unidades que prestan servicios. No hay nuevas estaciones, ni ramales. Y tenemos un trazado de líneas que no se han cambiado. ¿Será esto posible en las condiciones actuales del Incofer? ¿Qué pasó con el Tren Eléctrico Metropolitano, que complementaría el transporte público de personas? ¿En qué fase está el Tren Eléctrico de Carga (TELCA), que descongestionaría las vías de la Gran Área Metropolitana por las que transitan hoy decenas -si no centenares- de furgones? Para conocer al respecto conversamos con el expresidente del Incofer, Mario Arce.
Son historias reales. Son las experiencias de cientos de miles de ciudadanos que padecen la megacongestión vial que vivimos estos días y que van más allá de la paciencia que piden las autoridades a cargo. Quienes viven en los cantones de San Ramón, Palmares, Sarchí, Grecia, Naranjo y más allá, deben sortear las presas de la interconexión que se construye para dar acceso a la zona franca Evolution, luego, las del arreglo de la radial y de otro puente modular en Alajuela hasta llegar al colapso por el cierre de Los Ledezma. Algunos duran más de 4 horas en llegar a San José y viceversa. Quienes vienen en Turrialba, Paraíso, Cartago y más allá, deben superar la presa del intercambio Taras-La Lima, luego, el congestionamiento de la Florencio del Castillo, si salen por Curridabat presa, si salen por San Pedro, deben sortear los cambios viales por La Galera. A veces 3 horas para llegar a San José e igual de regreso. Si vienen de cantones de Heredia, La Uruca, Pavas, Escazú, Hatillos o Alajuelita, meterse en el colapso es lo único que les queda. Para entender este nudo gordiano en el que vivimos (penamos) hoy, conversamos con el economista y especialista en temas de infraestructura, Federico Villalobos.
